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Bolivia atraviesa dificultades económicas que ponen en discusión el modelo económico aplicado por el Gobierno del MAS desde hace casi 20 años, en el cual el Estado juega un rol protagónico como generador y distribuidor de la riqueza, dejando un espacio reducido para la participación del sector privado.
La ministra de la presidencia y un analista, coincidieron en señalar que las elecciones judiciales, actualmente en proceso de organización por la Asamblea Legislativa, no resolverán los problemas de la administración de justicia, ya que el sistema requiere cambios profundos en lugar de soluciones temporales.
Durante la primera jornada de trabajo de la Comisión Mixta de Constitución se pudo advertir la baja participación de las mujeres y de autoidentificación indígena para las elecciones judiciales 2024. Frente a este panorama, se buscarán las alternativas legales que viabilicen el proceso de preselección.
Tres destacados abogados y analistas coinciden en que los magistrados que se han beneficiado de la autoprórroga de mandato, deberían ser eliminados por la comisión mixta de la Asamblea Legislativa en la primera sesión de evaluación. Esta opinión resalta la necesidad de garantizar la integridad del sistema judicial boliviano.
En una nueva jornada de postulación para las elecciones judiciales, resaltaron varios nombres, entre ellos el de Zenón Bacarreza, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017, que firmó la sentencia 084/2017, la cual a pedido del MAS, estableció que la reelección era un derecho humano.
A tres días del cierre de plazo, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural registraron a 50 aspirantes al proceso de preselección para las elecciones judiciales. Se anotaron 17 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional; 21 al Tribunal Supremo de Justicia, 4 al Tribunal Agroambiental y 8 al Consejo de la Magistratura.


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