El Índice analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

lahora.gt

2022-06-24

El Consejo y Sociedad de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) y Control Risks una firma consultora global de riesgos y estrategias, publicaron la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 que evalúa a 15 países latinoamericanos. Guatemala se posiciona en el puesto 13 de 15, seguido de Bolivia y Venezuela siendo los países con los menores punteos registrados.

Uno de los primeros aspectos que destaca de la lucha contra la corrupción es un panorama mixto en toda América Latina durante el último año.

A la vez, mencionan que algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, vieron nuevos reveses para instituciones clave y el entorno anticorrupción en general.

“Para muchos ciudadanos de la región, la corrupción ha pasado a un segundo plano frente a otros problemas como la inflación y la lucha continúa contra el COVID-19”, destacan.

Además, citan que algunos gobiernos están reduciendo su compromiso anticorrupción, mientras que otros siguen adelante con los esfuerzos para fortalecer las instituciones independientes y el escenario general en 2022 era de relativa estabilidad tras los claros retrocesos de los últimos años.

“El índice es una herramienta analítica basada en datos que se lanzó en 2019 para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, explica.

EVALÚAN Y CLASIFICAN A PAÍSES EN FUNCIÓN DE EFICACIA EN COMBATE ANTICORRUPCIÓN

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la problemática. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de ver a los actores corruptos procesados y castigados, añadieron.

La clasificación es:

Uruguay (7.42 sobre 10)

Costa Rica (7.11)

Chile (6.88)

Perú (5.66)

República Dominicana (5.19)

Argentina (5.04)

Panamá (4.96)

Colombia (4.87)

Ecuador (4.82)

Brasil (4.76)

Paraguay (4.45)

México (4.05)

Guatemala (3.38)

Bolivia (2.57)

Venezuela (1.63)

Consideraron 14 variables.

Asimismo, el Índice analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Estas variables se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres categorías.

A la vez, anotan en que el índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.

GUATEMALA EN EL PUESTO 13 DE 15

En el caso de Guatemala, destacan que en 2021 tuvo un punteo de 3.84, en 2020 4.04 y en 2019 4.55, lo que evidencia que comparado a 2022 con el 3.38 el país ha ido en descenso y ahora se encuentra en la posición 13 de 15.

“El puntaje general de Guatemala cayó casi un 12% año tras año, y se mantuvo en el puesto 13, solo por delante de Bolivia y Venezuela. El país experimentó reveses en las tres categorías, pero el más significativo fue una disminución del 17% en la capacidad jurídica, que ha ido en descenso de trayectoria desde 2019”, se lee en el informe.

SEÑALAN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE ALEJANDRO GIAMMATTEI

Además, el informe señala que Guatemala experimentó caídas particularmente pronunciadas en las variables que evalúan organismos anticorrupción y la independencia de la oficina del Fiscal General, reflejando actos recientes de la administración del presidente Alejandro Giammattei.

“Encabezado por la Fiscal General Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) obstruyó y despidió a funcionarios que realizaban investigaciones de corrupción”, agrega la publicación.

Por otro lado, dicha evaluación califica la capacidad legal en 3.09, un 3.11 en democracia e instituciones políticas y un 5.05 en sociedad civil y medios de comunicación.

También destacan que, siguiendo presiones institucionales y amenazas a su seguridad, varias prominentes figuras de la lucha anticorrupción huyeron de Guatemala durante el último año.

A la vez citan que, en julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, titular de la Unidad Anticorrupción (FECI), organismo del MP, fue despedido y ahora está exiliado en EE.UU.

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