Ven parcialización.

eldiario.net

2022-09-16

Argumentando una persecución judicial y excesos desatados en contra del exsecretario de Salud de la gobernación cruceña, Fernando Pacheco, miembros de la bancada de Diputados y Senadores de Creemos remitieron una carta al Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán y otras instancias internacionales, repudiando la discrecionalidad de actuación por parte de la justicia boliviana.

Se acusa al gobierno de Luis Arce por ejercer todo el poder estatal en contra opositores y una absurda ligereza contra oficialistas, acusados de hechos de corrupción.

 “Anunciarles que, como hemos hecho en todos los casos donde ha habido flagrancia de violación a derechos humanos, donde ha habido flagrancia de violación al debido proceso lo hemos hecho indistintamente si se trata de ciudadanos del MAS o de ciudadanos de oposición; en este caso también estamos cursando notas a los organismos internacionales por la manera en que se está tratando con distintos estatus para los opositores como para los oficialistas”, informó al respecto la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.

La legisladora sostuvo que el gobierno ha demostrado una absoluta parcialización con diferentes hechos de corrupción y violencia durante su gestión, a través de los operadores de justicia. “Se ha podido evidenciar que Arce repite prácticas erróneas y similares a las del ex mandatario Evo Morales”, afirmó.

Por la forma cómo actúan el Ministerio Público y el Órgano Judicial en Bolivia, con distinto rasero según el supuesto delito cometido en el manejo de la cosa pública, Rek dijo que “ya no son jueces y fiscales los que están operando, ´parecen organizaciones paraestatales que están persiguiendo ciudadanos como si hubieran cometido delitos de asesinato o de narcotráfico”.

Para finalizar, Rek explicó que la denuncia de estos hechos ante organismos internacionales como la OEA, ONU, CIDH, UE y otras instancias, es un mecanismo para “que los bolivianos precautelemos nuestros derechos; no por cualquier caso que ocurra se van a cambiar los registros y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, que están garantizados por la Constitución Política del Estado”.

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