Opinion

El sábado 20 de mayo se conoció un hecho importante pero marginado de la agenda noticiosa: el ministerio de Gobierno, con cámaras y acompañamiento de periodistas, mostró “el operativo más importante y más grande efectuado por nuestras fuerzas del orden en toda la historia de nuestra Patria” (contra el narcotráfico). El ministro Eduardo Del Castillo, desde el Chapare, detalló que fueron allanadas y desmanteladas en sólo tres días 27 fábricas de pasta base de cocaína y siete laboratorios de cristalización en el trópico de Cochabamba. No eran solamente palabras grandilocuentes, sino hechos de escala conmensurable.
Los bolivianos que tienen cuentas en dólares en algún banco en Bolivia están indignados porque se los dan a cuentagotas, o en pesos bolivianos o simplemente no se los dan, arguyendo que no hay disponibilidad en el Banco Central.
Tanto el plan como algunos voceros del Consejo Nacional del Bicentenario tratan de remediar este retraso argumentando que se trataría de planes a largo plazo y no tanto de llegar al 6 de agosto de 2025 con el plan completamente ejecutado. Pero lo curioso es que el Consejo contaría apenas con un millón de bolivianos.
El Ministerio de ¿Justicia? se ha convertido en una usina en la que, por un lado, se fabrica, sin cesar, proyectos de ley que tienen la virtud de enemistar al gobierno con los distintos sectores sociales del país, violentar la Constitución Política del Estado e ir construyendo una institucionalidad autoritaria de la mano de un Órgano Judicial que acata todo lo que dispone el conductor de dicha repartición, tanto que tal vez debería preocupar al aspirante a conductor nacional.
¿Qué sería de la existencia humana sin referentes futuros, deseables, soñables y potencialmente vivibles?


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